Deportación y derechos humanos en la República Dominicana

El pasado jueves 17 del presente mes de junio, el día en que escribía este artículo, fue un día muy agitado para la República Dominicana, las instituciones de la sociedad civil, pero además el mundo; y, precisamente porque perimió el plazo en el que se concibió el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros PNRE que el Gobierno dominicano y las autoridades concedieron para que los ciudadanos extranjeros, la mayoría haitianos, en situación irregular se registraran y pudieran de ese modo contar con un estatus regular en el territorio de la República Dominicana. Sin embargo, debido a los propios escollos burocráticos que con sabiduría impuso la República Dominicana, muchos ciudadanos vieron imposible reunir los requisitos para el proceso. 

Es dificil escribir con facilidad sobre el proceso en general, primero por lo voluminoso y espinoso del tema, y segundo por la impotencia de describir la profundidad de los abusos vividos por los inmigrantes en cada una de las etapas que daban al traste con dicho proceso.

La situacion por la que atraviesan muchos ciudadanos haitianos en la Republica, pero además, dominicanos de ascendencia hatiana, es decir, personas que independientemente de la situacion de regularidad de sus padres (sus antepasados), han nacido en territorio dominicano y que por lo tanto detentan todo tipo de derechos legales y constitucionales.   Gente, muchas de las cuales, que ni siquiera han visitado al vecino país de Haiti ni mucho menos en algunos casos hablan el idioma creole de sus descendientes, que no tienen en sentido general ningún tipo de vínculo excepto la consanguínea en términos lejanos, por decirlo de alguna manera.

Desde el año 2007, la Junta Central Electoral, que es el organismo que tiene que ver con el Registro Civil dominicano (entre muchas otras tareas), emitió algunas resoluciones administrativas como la 12-07 y la Circular 017-07, respectivamente, con las cuales se les impedía a ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana acceder a una copia de sus actas o registro de nacimiento, atribuyéndoles la condición y característica de "hijos de ilegales", por lo que veian a partir de entonces tronchadas sus posibilidades de estudiar, sacar una céduca de Identidad y Electoral, tener un pasaporte para viajar, tener un empleo y muchas otras aspiraciones, incluyendo el ejercicio pleno de sus derechos civiles y politicos. Quedaron, muchos de ellos en un estado de lo que se conoce como, "muertos civiles", personas inexistentes, o simplemente ápatridas.

Desde aquellos años hasta ahora la situación se ha venido agravando considerablemente, cuando el Tribunal Consitucional dominicano, a través de la Sentencia 168-13, del 23 de septiembre del 2013, consideró la invalidez de las actas de nacimiento de ellos, incluyendo su calidad como dominicanos. Dejandolos en una situación de apatridia y susceptibles, inclusive, de repatraciones por su condición de hijos de descendientes de haitianos, muchos a través de más de 3 y 4 generaciones; pues, la Resolucion del Tribunal Consitucional da un giro restrospectivo al 1929, disponiendo efectuar una auditoría "minuciosa" a los registros de nacimiento desde 21 de junio de 1929, en una franca violación al principio de la irrectroactividad de las leyes.

De todos modos,  segun Interior y Policía, unos 288,466 se inscribieron en el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros.

Desde esa fecha a entonces los medios de comunicación en Santo Domingo, así como en el mundo entero no han dejado de difundir informaciones sobre la situación. Muchas analistas independietes no han descansado sus plumas para expresar de una manera o de la otra su firme repudio a lo que consideran un atropello contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.

Haiti, por ejemplo, ha denunciado una violación en lo referente a un Protocolo de Repatriación suscrito entre ambos Gobiernos y que data del año 1996. Y, ante la situación por la que atravieza ese pais, especialmente después del sismo del 2010, del que no ha podido restablecerse aún, ahora entiende que permitir una repatriación en forma masiva (violatoria al Protocolo), agravaría mucho más la situación interna por la que está sumida; y es por ello que en la persona de su Primer Ministro Evans Paul anunció encontrarse en una crisis humanitaria, --criterio con el que coincide el Caricom-- luego de que mas de 14,000 personas de manera voluntaria han cruzado la frontera.

Por su parte en un reciente informe, los Estados Unidos definieron como una discriminación la que lleva a cabo la República Dominicana contra ciudadanos los inmigrantes haitianos y sus descendientes, sin dejar de citar la Sentencia del Tribunal Constitucional, que evacuó “La sentencia que estipula que los descendientes de individuos considerados ilegales en el país, muchos de los cuales son de origen haitiano, no tienen derecho a la nacionalidad dominicana”.

Pienso que, tal y como lo establecen otros analistas, el problema no es que República Dominicana, como país soberano, decida quién se queda en su territorio o no, sino que el problema radica en que en el proceso de deportación no quedan excluidos aquellos dominicanos cuyos casos aun se debaten en tribunales dominicanos, y cuyos derechos fueron vilmente atropellados por el prejuicio de un Tribunal Constitucional conformado por personas cuyos ancestros fueron tan inmigrantes como los progenitores de muchos haitianos y dominicanos de origen haitiano.

La 78 Convención General de la Iglesia Episcopal aquí en Utah, así como los Diputados y demás actores importantes, deben servir para estrechar un lazo de solidaridad ante el hecho deshumano que en el día de hoy se vive de manera cruda en la República Dominicana,  situación que hizo repetitiva en su sermón eucarístico el pasado jueves 25 del corriente la actual Obispo Presidente de la Iglesia Episcopal, Katharine Jefferts Schori, y quien definió como "limpieza étnica" lo que de manera atroz y aberrante sucede en Santo Domingo.

Necesitamos construir una sociedad justa, donde se respeten los derechos fundamentales de las personas; apostar al futuro de un mundo mejor donde las personas puedan ejercer de manera plena sus derechos de convivencia con igual proporcionalidad, y donde se respete la dignidad, sin importar, raza, origen, ideologia, entre otros.

- Rev. Pedro Cuevas, Vicario Auxiliar Misión Cristo Rey, Tijuana